Jaqueado tras el rechazo de su pliego en el Senado y la cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla para impedirle decidir en los asuntos de la Corte Suprema, este lunes renunció Manuel García Mansilla, quien había jurado como juez del máximo tribunal el pasado 27 de febrero en un acto secreto, luego de ser designado en comisión por un decreto del presidente Javier Milei.

El ahora exjuez de la Corte le envió su carta de renuncia a Milei. En ella dice que había aceptado el nombramiento "con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente". También intentó justificar haber aceptado la designación por decreto, pese a haberse pronunciado en contra de ese mecanismo.

"En la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 en la Comisión de Acuerdos del Senado defendí la constitucionalidad de los nombramientos en comisión (...). Expliqué que existen numerosos antecedentes en nuestra historia constitucional y que incluso hay precedentes de nuestra Corte Suprema y del derecho comparado que tratan sobre el tema", dice la carta. Alega que en ese momento solo respondió sobre "la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015" y que solo respecto a eso dijo que "no habría aceptado ese nombramiento en comisión".

"A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral", se victimizó el hombre que pasó 40 días como juez de la Corte Suprema sin acuerdo del Senado.

La carta de renuncia de García-Mansilla

Otro fracaso para Milei

En las últimas horas, fuentes del Poder Judicial habían dejado trascender que el Gobierno nacional había presentado un per saltum -con la firma, entre otros, del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla-, para que se suspendiera la medida cautelar dispuesta por Ramos Padilla. 

En el ámbito político y judicial hay quienes leyeron ese pedido como una maniobra desesperada de la administración ultraderechista para estirar la agonía, mientras que hay otros que sostuvieron que se trató de una estrategia para darle una salida más digna a García Mansilla y que su renuncia pareciera una decisión personal y no una respuesta a la cautelar de Ramos Padilla.

Las alarmas sobre el futuro del exdecano de la Universidad Austral en el máximo tribunal se terminaron de encender el viernes pasado, cuando después del cachetazo que recibió en el Senado, no se presentó a trabajar. Nadie lo vio por el despacho en el cuarto piso del Palacio de Justicia que hizo pintar a su gusto en cuanto asumió, como quien se proyecta por mucho tiempo en la Corte Suprema pese a estar designado en comisión. 

La noche anterior, después de la votación en el Senado que rechazó su pliego por 51 votos y de la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que le ordenó abstenerse de firmar fallos y decisiones administrativas, echó a rodar la versión de que les pediría opinión a sus compañeros de tribunal acerca de qué hacer. ¿Me quedo o me voy? No lo hizo por escrito. Pero al final tampoco se comunicó con los supremos. 

El único miembro de la Corte en hacer pública su opinión sobre la situación de García Mansilla fue el supremo Ricardo Lorenzetti, cuando dijo que "es una decisión personal que él estará evaluando" y que la Corte judicialmente no tiene nada "para opinar" al respecto. 

"Yo nunca aceptaría ser designado por decreto, lo dije infinidad de oportunidades, y creo que hay que ser coherentes", remarcó Lorenzetti, quien recordó además que aquella fue su posición cuando el expresidente Mauricio Macri nombró por decreto a sus actuales colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes al final -tras un gran revuelo- obtuvieron acuerdo del Senado. 

El breve paso de García Mansilla por la Corte Suprema

García Mansilla juró como juez nombrado por Milei por decreto, en comisión, en un acto secreto en la Corte el 27 de febrero último al mediodía. Esperaba el aviso, dice el relato instalado en Tribunales, en el bar Petit Colón de la esquina de Libertad y Lavalle. La noticia llegó a algunos medios mientras el acontecimiento ocurría solo en presencia de los supremos, de secretarios y del viceministerio de Justicia, Sebastián Amerio. El ministro Mariano Cúneo Libarona no había sido invitado. El constitucionalista Gil Domínguez hizo notar después de un pedido de acceso a la información que se omitieron actos administrativos básicos como pedirle que suspenda la matrícula de abogado (lo hizo por su cuenta) y que presente la lista de sus clientes, para excusarse.

La primera decisión de la que participó García Mansilla en la Corte fue rechazarle la licencia como juez federal al otro nombrado con la misma metodología, Ariel Lijo, cuyo pliego tampoco tuvo aprobación del Senado. Desde su desembarco, según el sistema de consulta de sentencias de acceso público, firmó 214 fallos y más de 30 resoluciones administrativas. En el tribunal estiman que se vienen planteos de nulidad sobre las sentencias que suscribió. También fue recusado, no solo por Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad" -quien señaló que no puede, nombrado por Milei y en comisión, ser un juez imparcial- sino, por ejemplo, por la Fundación Mujeres por Mujeres en una causa donde un grupo de ciudadanos salteños piden que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es harto conocida la posición antiaborto del juez en comisión.

Al tomarle juramento en el tribunal no fue tema de preocupación que García Mansilla hubiera mentido ante el Senado al decir tres veces en la audiencia pública que no aceptaría un nombramiento en comisión. Esto sí fue un argumento en el Senado, así como la falta de mujeres en el tribunal, algo que incluso fue planteado por la Red de Mujeres para la Justicia en un per saltum ante la propia Corte, que reclama paridad de género, y que está en el radar de los cortesanos. A ellos, más allá de los arriesgados movimientos que asumen, no se les escapan detalles: al final de la acordada sobre la licencia de Lijo tomaron un recaudo a futuro, ya que aclararon que no estaban emitiendo "juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto n° 137/2025", el de los nombramientos en comisión.

Quien adelantó un análisis fue Ramos Padilla al dictar una medida cautelar en un amparo donde varias organizaciones (CEPIS, Poder Ciudadano, ACIJ, INECIP, CELS) pidieron la inconstitucionalidad de los nombramientos por decreto. Señaló que "evadir los consensos políticos compromete la estructura del sistema democrático y republicano, eliminando la función de control" del "Senado y poniendo en riesgo los principios de división de poderes e independencia judicial".

Entre el fárrago de decisiones que García Mansilla firmó en este tiempo, se tomó el trabajo de hacer votos propios. En uno criticó con particular ahínco a la Corte de los tiempos de Néstor Kirchner al dejar sin efecto (en consonancia con el resto) un fallo que validaba la aplicación del convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, en defensa de los trabajadores, que había aprobado el Congreso. El nuevo reproche para revertir la jurisprudencia era que no había pasado por el Ejecutivo. También firmó el sobreseimiento del juez marplatense Pedro Hooft, implicado en la desaparición de abogados laboralistas en La Noche de las Corbatas, y suscribió el rechazo a avalar como travesticidio el crimen de la activista trans Diana Sacayán.