Casi 60 mil hectáreas en el norte del país fueron deforestadas en lo que va de la primera mitad del año, generando una gran preocupación por la falta de penalización en la destrucción de bosques en las localidades afectadas. 

Así lo informó la ONG Greenpeace en su último relevamiento que abarca de enero a junio de 2024, realizado a partir de la comparación de imágenes satelitales, en donde se pueden observar los desmontes en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. 

En Chaco, la deforestación alcanzó las 21.148 hectáreas; en Santiago del Estero, 21.047; en Formosa, un total de 7.162; mientras que en Salta fueron desmontadas unas 4.200. En total serían 59.557 hectáreas arrasadas, un daño que, en su superficie, equivale a tres ciudades de Buenos Aires. 

Los beneficiados

Según el informe, el mayor causante de la pérdida de bosques se encuentra de la mano de los sectores agropecuarios para ganadería y soja que son exportados en gran medida a Asia y Europa. Aquí tiene un papel principal la región del Gran Chaco, que se erige como el segundo ecosistema forestal más grande de América.

De acuerdo con otra investigación de la organización ecologista, uno de los beneficiados de los desmontes ilegales de este último semestre fue identificado en la zona de Santiago del Estero. Allí, unas 10 mil hectáreas son propiedad de la familia Canido, dueña de la gaseosa Manaos, que ya en 2016 había tenido conflictos con comunidades campesinas. Esta vez, a través de un permiso del gobierno provincial, logró realizar un desarrollo de actividad ganadera en zonas de donde no debería hacerse desmontes. 

El coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, comentó en diálogo con Página/12 que, en parte, la impunidad sobre las tierras tiene que ver con una falla en el sistema de las penalizaciones. "Cuando las multas son bajas, las empresas simplemente las pagan. Cuando son altas, optan por judicializarlas para no tener que afrontar los gastos", detalló el activista. Es por esto que la modalidad ilegal de los desmontes resulta más que efectiva para los sectores involucrados. 

En ese sentido, se refirió a los orígenes de los propietarios de los terrenos y la manera en la que hacen redituable su negocio. "Quienes deforestan en el norte no necesariamente son de la zona. Muchos de los dueños de esas tierras son de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Al comprar las tierras a muy bajo precio, la ganancia que tienen es muy alta", explicó. 

Mientras que en las zonas pampeanas, donde la calidad de la tierra es mejor, una héctarea puede valer entre 15 y 25 mil dólares, en el norte el valor ronda de 500 a 1000 dólares. "Aunque los rindes no son los mismos, con la cantidad que compran, al poco tiempo recuperan la inversión", puntualizó Giardini. 

La legislación sobre los bosques

El otro factor que señala el directivo es la complicidad de los gobiernos provinciales. Mediante la autorización o permisividad y la falta de control, dejan que la legislación sobre los bosques se incumpla sin represalias de ningún tipo. Asimismo, comenta que en el caso Argentina, prácticamente no hay delitos penales para temas ambientales en general, a menos que afecte a la población directamente. 

"Si la Ley de Bosques Nativos se cumpliera a rajatabla, un 80% de los bosques estarían protegidos del desmonte. Si bien desde que fue sancionada, hace 17 años, la deforestación bajó un 40%, es un número que sigue siendo alto. El país sigue estando entre los 15 países que más desmontan a nivel mundial, o sea que estamos en una situación complicada", advirtió Giardini.

En esa línea, también hizo referencia a medidas internacionales que buscan regular este conflicto, como la llamada coloquialmente Ley de deforestación importada, que entrará en vigencia en Europa a partir del año que viene. La medida, impulsada por la presión de las organizaciones ecologistas, se opone a la compra de productos, como la soja, cuero o madera, que provenga de zonas deforestadas, sin distinguir si fue de forma legal o ilegal e independientemente del lugar de origen. "Si Argentina sigue en esta línea de desmonte, puede llegar a perder el mercado europeo, que es el que más paga en términos de ganadería, por ejemplo", señaló el activista.

Esta semana se cumplieron cinco años del amparo que presentó Greenpeace ante la Corte Suprema contra las provincias afectadas y contra el Estado Nacional a causa de la violación de lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.

"A la larga creemos que hay que buscar un cambio de paradigma de respecto al uso del bosque. En medio de la crisis climática en la que estamos, no podemos seguir perdiendo bosques nativos porque sino la situación se tornará realmente muy complicada. De hecho, es su destrucción la que genera más crisis", cerró Giardini. 

Informe: Carla Spinelli