La CTA-Capital presentó ante la Justicia una acción de amparo contra la puesta en marcha de exámenes de matemáticas, ciudadanía y comprensión de textos a los empleados de la administración pública. La presentación apunta a ponerle un freno a "la arbitrariedad" con la que el Gobierno pretende medir la "idoneidad" de los trabajadores estatales para "justificar nuevos despidos".

"Cada tres meses pensás que no vas a tener trabajo, no te dan tareas, el salario es una mierda" y "encima tenemos que rendir matemáticas", cuestionó el titular de la central porteña, Daniel Tano Catalano, promotor de la acción presentada ante tribunales.

La denuncia pone en tela de juicio las pruebas promovidas por el ministro desregulador y privatizador, Federico Sturzenegger, que en su afán de buscar argumentos para nuevos despidos masivos pretende evaluar la continuidad laboral de los estatales, inclusive de aquellos que tienen contratos temporales que finalizan a fin de año.

Según se informó hasta ahora, los empleados públicos deberán pasar por el Ministerio de Defensa -una cartera rodeada por personal militar armado- para rendir exámenes de matemáticas, lógica, comprensión de texto y criterios de la administración pública.

"Lo van a hacer ahí porque tienen miedo que los sindicatos boicoteemos", pero "si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándoles las respuestas a mis compañeros. Me importan tres carajos, este gobierno es una porquería", lanzó el titular de la CTA-Capital durante una entrevista por Futurock.

Los exámenes están divididos en tres niveles y serán tomados al personal administrativo, al profesional y al de mantenimiento u ordenanza, inclusive a los que no tienen prácticas permanentes. Son temáticas "que vienen con el aprendizaje del nivel primario, con lo cual no tiene sentido que un empleado público tenga que demostrar" lo que ya aprobó en ese nivel, fundamentó Catalano.

Así y todo, la mayoría de los estatales se estuvo preparando durante estos meses, pero no obstante "sufren un bloqueo emocional" de tal magnitud que a muchos les impide la resolución de problemas.

Se estima que las pruebas se van a tomar entre los próximos 10 o 45 días. Todavía están siendo diseñadas por los funcionarios del Gobierno, ya que varias de las que trascendieron tienen problemas de planteo.

"Hay varios múltiple choice en los que las pregunta están mal hechas", observó el dirigente que además calificó a esas evaluaciones como un elemento más del "hostigamiento y la persecución que tenemos, más la acusación de que somos empleados ricos que viven del Estado".

El otro problema de los exámenes que pretenden medir "la idoneidad" de los estatales reside en que se tomarán en un momento bisagra para quienes están bajo el régimen de contratos temporales. A fines de diciembre se cierra otro trimestre en el que el Gobierno hace blandir su espada de despidos, y miles de trabajadores ven peligrar su continuidad.

Según datos del Indec, en lo que va de la administración de Javier Milei se echaron a 33 mil trabajadores del Estado. Esto tuvo que ver con el desguace de organismos públicos enteros en el marco de la política de ajuste permanente que activa la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Catalano calificó al primer año de gestión mileísta como un período de "desastre, angustia, violencia, hostigamiento, persecución, maltrato y abandono" hacia la clase trabajadora.