Vemos en estos días como el Poder Judicial afila sus garras y por mandato de quienes mueven los hilos de los tiempos y los titulares de los medios hegemónicos tratarán de ocultar la verdad sobre el hecho más aberrante que sufrió en democracia una dirigente política en funciones siendo este, ni más ni menos, que el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Lejos quedó ese pacto democrático de 1983, que daba cimientos a una nueva democracia en Argentina después de años de violencia y oscurantismo que nuestra sociedad sufrió en manos del poder concentrado a través de una dictadura genocida.

El video del intento de asesinato de Cristina Fernández recorrió el mundo entero en pocos minutos. La imagen de una pistola posando sobre la cabeza de una líder política, pocas veces vista en las pantallas de televisión, aparecía en manos de todo el mundo en su dispositivo telefónico y en las redes sociales de comunicación en solo cuestión de segundos.

En ese preciso momento en que los voceros del odio, aturdidos por el acontecimiento, trataban de desinformar sin encontrar estrategia que valiera la pena emprender, el resto del mundo político y la sociedad empezaba a repudiar el hecho, a excepción de la actual ministra de Seguridad, Patria Bullrich y del presidente Javier Milei, quienes buscaban inútilmente ocultar un hecho que marcaría un antes y un después en la historia democrática argentina. 

El odio engendrado que generó este suceso, no fue de la noche a la mañana, ni tampoco se dio en un abrir y cerrar de ojos; fueron años y años de ataques y violencia inusitada, promovidas desde los cañones mediáticos y judiciales todos los días, las 24 horas por batallones de periodistas y panelistas que desde la tribuna de un programa llamaban a manifestarse en medio de una pandemia mundial, con guillotinas, elementos y bolsas mortuorias con imágenes de dirigentes políticos.

Todo fue orquestado y financiado por alguien, o por varios individuos. 

Ahora bien, por qué no se quiere investigar el financiamiento y la organización de este intento de magnicidio. Por qué la justicia ante pruebas contundentes o serios indicios divide la causa. Por qué no investigar lo que hay que investigar. Porque si de buscar la verdad se trata, las respuestas que debe salir a buscar es de quién pensó, financió y organizó este hecho. Qué espera la justicia para investigar a la familia Caputo, tras comprobarse que desde allí se realizaron transferencias de millones de pesos a integrantes de la agrupación que llevó a cabo el intento de magnicidio.

Como ciudadanos o militantes políticos es posible que nos sigamos haciendo estas preguntas o tantas otras sin encontrar respuestas. Pero no por ello debemos dejar de abrazar el desafío constante de trabajar seriamente por reconstruir el pacto democrático que nos permita convivir en paz, sin enfrentamientos, y desterrar por siempre los discursos de odio, que generan indefectiblemente aún más violencia y más odio en nuestra sociedad.

Todas las fuerzas políticas democráticas debemos articular y sentar las bases para una Argentina que no permita más que la violencia institucional marque los destinos de nuestra patria.

"¡Será justicia!", dicen los fallos al finalizar los veredictos judiciales. Esperemos que así sea, pero que se investigue todo; organización, financiamiento y ejecutores del plan de magnicidio en marcha en ese entonces. Queremos justicia, y que el "Fallo que sí saldrá" sea ejemplar por alcanzar la verdad y no por el tipo de condena. Porque no nos puede suceder como sociedad que una vez más la violencia gobierne nuestros días.