El gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan de instalación de temas en el Congreso que busca disimular el fracaso de su teoría monetarista. Tras verse obligado a pedir un nuevo préstamo al FMI y convalidar una devaluación -presentada como una "salida parcial del cepo"-, el oficialismo reactiva viejas iniciativas legislativas que combinan marketing político y disciplinamiento opositor. Fiel a su estilo, los libertarios agitan globos de ensayo y recién entonces salen a forzar consensos. El reeditado Ficha Limpia, la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, la Ley Antibarras y una impredecible reforma migratoria forman parte del menú de distracciones con el que el gobierno aspira a pasar el invierno. Disociados de la agenda real de la Casa Rosada, sus espadas parlamentarias perciben que lo único importante es hacer los deberes al FMI y ya piensan en las reformas que buscarán después de noviembre: laboral, previsional y tributaria.

Ficha limpia

La política argentina también tiene sus obsesiones. La iniciativa que busca sacar, electoralmente, de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner vuelve al centro del ring. No solo como revancha política, sino también como moneda de cambio. Por lo bajo, en el oficialismo reconocen que la suerte del proyecto -que ya tiene media sanción en Diputados- está atada a la velocidad de la Comisión Investigadora que se pondrá en marcha el próximo miércoles. El dato que inquieta a Unión por la Patria es que el oficialismo ahora tendría los votos para avanzar en el Senado: la definición de los dos senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, abre la puerta para que el Gobierno logre el quórum. "Con ellos, sumamos 38 votos", afirmó a este diario una fuente que sigue de cerca el poroteo. El martes se sabrá si Victoria Villarruel convoca a una sesión para el jueves con Ficha limpia en el temario. Para hacerlo, deberá estar segura de contar con los votos necesarios para aprobar la ley. Si no lo logra, el proyecto perdería estado parlamentario. "Que los responsables políticos de los períodos de mayor participación de los trabajadores en el PIB hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos... no es ninguna casualidad", escribió la expresidenta en su cuenta de X el último sábado.

Xenofobia en marcha

"Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria", anunció el presidente el 1° de marzo pasado, durante su discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias. En diciembre, el Gobierno ya había adelantado un paquete de medidas potencialmente inconstitucionales para endurecer el régimen migratorio y comenzar a cobrarles a los extranjeros no residentes por las prestaciones de salud y la universidad pública. Según pudo reconstruir este diario, el tema aún no desembarcó formalmente en el Congreso, aunque el debate se instaló con virulencia en redes sociales. Por caso, la cuenta de X TBD News -con más de 40 mil seguidores y una fuerte impronta xenófoba- fogonea el tema a diario. Sin embargo, los principales legisladores de La Libertad Avanza no están al tanto del contenido de la reforma. Tampoco la presidencia de la Cámara tiene en sus manos el proyecto. Si el Gobierno pretende avanzar "en el corto plazo", como adelantaron fuentes oficiales a este diario, lo haría a través de un decreto. La iniciativa contempla mecanismos de deportación "más flexibles" y el cobro de servicios de salud y educación pública para extranjeros no residentes. En el caso de las universidades, el impacto real sería prácticamente nulo. Según el último relevamiento de la Secretaría de Educación, se contabilizaron 122.769 estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, lo que representa apenas un 4,5 % del total de 2.720.531 alumnos de nivel superior. Además, las casas de estudio aclararon que quienes ingresan a cursar ya cuentan con DNI: es decir, no hay estudiantes extranjeros no residentes en las universidades del país.

El marco normativo que el Gobierno pretende modificar es, justamente, un ejemplo a nivel mundial. La Ley Nacional de Migraciones, sancionada en 2003, reconoce el derecho "esencial e inalienable" de toda persona a migrar. Representó un cambio de paradigma: el Estado abandonó su rol de gendarme para asumir una perspectiva de derechos, lo que posicionó a la Argentina como un referente internacional en políticas migratorias inclusivas. Para ejecutar su nueva política, el Gobierno debería ir en contra de ese marco  y también de la propia Constitución, que en su preámbulo deja en claro que el proyecto argentino no se limita a sus ciudadanos nativos, sino que está abierto a "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Los deberes al Fondo

Ajenos a la discusión migratoria, los diputados libertarios se enfocan en cómo allanar el camino para atraer inversiones, bajo la promesa de que eso mejorará los salarios. En línea con las exigencias del FMI, un legislador que habló con este diario sostuvo que "hay que resolver el problema jubilatorio, pero antes tenés que resolver el problema laboral". Según explicó, el mercado de trabajo argentino "está inundado de regulaciones y de leyes" que representan "un lanzallamas en el pecho" para los inversores. "Tenés que modernizarlo, sería el siguiente paso después del cepo y el RIGI", planteó ante Página/12. Ambas reformas -la laboral y la previsional- ya están en debate en comisiones del Congreso. Por un lado, se discute la prórroga de la moratoria previsional, vencida en marzo. La iniciativa fue cuestionada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien durante su intervención en Diputados afirmó: "Estamos ante un sistema deficitario e inviable. No se entiende que este Congreso considere extenderlo". En materia laboral, los sectores radicales aliados al Gobierno impulsan una reforma antisindical centrada en la eliminación de la cuota solidaria. La agenda parlamentaria de La Libertad Avanza coincide con el cronograma delineado por el staff report del FMI, que sugiere avanzar con estos cambios estructurales después de las elecciones de noviembre.

Los otros pedidos 

El Gobierno busca recuperar la agenda para construir un contrapeso frente al escándalo del Criptogate -que esta semana desembarca con fuerza en el Congreso- y al inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento y devaluación que vuelve a tensionar la economía y desnudar las falacias del modelo libertario. En ese marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprovechó su informe ante la Cámara de Diputados para insistir con dos iniciativas que el oficialismo busca instalar desde hace meses: la Ley Antibarras y la baja en la edad de imputabilidad. "Aún quedan temas pendientes como la Ley Antibarras, que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal", remarcó, y agregó que se trata de "un complemento a la Ley Antimafia, que le permitirá al Gobierno avanzar sobre un tipo de violencia y de organización que desde hace muchos años le hace muy mal al país".  En otro tramo de su exposición, reclamó al Congreso que retome el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad un proyecto que el Gobierno envió al Congreso de la Nación en junio del año pasado", dijo, y fue aún más enfático: "Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años".