La insólita situación, propia más de una película que de la realidad, sucedió el pasado 12 de octubre en horas de la mañana.

Teniendo en cuenta que desde días antes se habían recibido en un juzgado de Garantías con asiento en los tribunales de Azul varios reclamos de personas privadas de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, detenidos que afirmaban que no estaban teniendo contactos con su Defensa Oficial, desde esa dependencia judicial se decidió comunicarse con dicha seccional policial.

Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3, en respuesta a ese pedido de los internos dio instrucciones para que se llamara por teléfono a la Comunal de Tapalqué.

La idea era conocer más a fondo los motivos relacionados con lo que los presos afirmaban. Y según lo que le refirió a uno de los secretarios de su juzgado, el magistrado quería proporcionarles a los detenidos que efectuaban el reclamo, por intermedio del policía que atendiera esa comunicación telefónica, los números de la Defensoría Oficial en cuestión -o de la General departamental- para que esas personas privadas de la libertad pudieran tener acceso a sus representantes legales del Estado.

Pero aquel jueves 12 de octubre, cuando se efectuó el llamado telefónico a la Estación de Policía Comunal de Tapalqué desde Garantías 3, sucedió algo que ahora es materia de una investigación penal, ante la sospecha de la posible comisión de un denominado "delito de acción pública", según se refiere en las actuaciones que se están llevando adelante.

A esa comunicación al teléfono fijo de la seccional policial la respondió una de las personas que se encuentra detenida en la Comunal con asiento en la vecina ciudad, distante a poco más de cuarenta kilómetros de Azul.

Además, a modo de otro ingrediente que vuelve más absurda a la situación, en lo investigado figura que ese preso que atendió el llamado efectuado desde Garantías 3 se encuentra actualmente privado de la libertad por disposición del magistrado a cargo de dicho juzgado. Y que la medida cautelar había sido ordenada en el marco de una causa por... estafas telefónicas.

Allanamiento

La anómala escena dio lugar a que el magistrado Juan José Suárez iniciara de oficio una investigación penal. Y teniendo en cuenta que lo ocurrido se detectó desde el Juzgado de Garantías que conduce, posteriormente se excusó de seguir interviniendo en la causa que ahora se lleva adelante por aquel llamado telefónico que atendiera un preso.

De esa manera, la competencia en el sumario penal la asumió Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2.

Además, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios y personal policial los investigados, la causa quedó radicada en la UFIE que en Azul conduce José Ignacio Calonje.

Con las evidencias reunidas hasta el momento, sobre todo considerando lo sucedido en esa comunicación telefónica efectuada el pasado día 12 del mes en curso, este jueves que pasó el magistrado Barberena dio lugar a un pedido que había formulado el fiscal Calonje: que fuera allanada la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, que desde agosto pasado conducen de manera conjunta los comisarios Fabián Toledo y Eduardo Solari.

A cargo de esa diligencia estuvieron agentes de la División Unidad Operativa de la Policía Federal con sede en Azul.

La orden de allanamiento incluía que en la seccional ubicada sobre la calle Máximo Gómez se buscaran e incautaran "libros de registro de la dependencia". Documentación entre la cual se hacía alusión a los libros de Guardia y, también, a planillas de presentismo, de horas adicionales y de "imaginaria" del personal policial. Además, se ordenaba secuestrar, en caso de que dentro de la Comunal haya cámaras de seguridad, registros de esas filmaciones.

Según se sospecha desde la Acusación, algo a lo que el magistrado Barberena hizo alusión cuando dispuso la realización del allanamiento, "las personas detenidas en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué se encontrarían en claro estado de irregularidad, con libre acceso al teléfono de la dependencia y, eventualmente, con libre circulación por el lugar".

Ese pasado jueves 12 de octubre en que fuera efectuado desde el Juzgado de Garantías 3 de Azul el llamado al fijo de la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, no bien el preso atendió el teléfono se le pidió que los comunicara con un oficial de servicio.

Instantes después, un policía se identificó con su nombre de pila y dijo estar desempeñando tareas como "imaginaria", tal como se les llama a los encargados de custodiar a los detenidos en los calabozos. Y desde Garantías 3 se le pidió a ese efectivo de seguridad que le pasara el teléfono al oficial que estaba de servicio en aquel entonces.

Pero luego de que transcurrieron algunos minutos sin respuestas a dicha solicitud, la comunicación telefónica con el Juzgado de Garantías 3 finalmente fue cortada desde la Comunal de Tapalqué.

"Parece que el detenido atendía el teléfono y a la gente. Con el allanamiento, que hizo la Policía Federal, buscamos determinar cómo son los movimientos en esa comisaría. Aparentemente los presos, en vez de estar en los calabozos, estaban sueltos dentro de la seccional y hasta atendían el teléfono. Por ese motivo se realizó esta diligencia", le dijo a EL TIEMPO un vocero judicial ligado a la causa penal que ahora se instruye e involucra a funcionarios y personal de la seccional policial con sede en la vecina ciudad.

Las autoridades a cargo de la Comunal de Tapalqué, al parecer, no han dado explicaciones convincentes hasta el momento con relación a los motivos por los cuales uno de los internos alojados en esa seccional atendía el teléfono fijo de la dependencia.

"Decían que tenían un problema con la línea", le refirió a este diario otro allegado a lo que ahora es la instrucción de la causa penal iniciada por una situación por demás insólita.

El dato

Además de que el magistrado Juan José Suárez iniciara de oficio una investigación penal por lo ocurrido en la Comunal de Tapalqué días atrás y que se excusara de intervenir en esa causa como Juez de Garantías, dicho funcionario había informado de la situación al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Diario El Tiempo