Luego de varios intentos para transgredir el sistema bicameral y tratar en Diputados artículos que habían sido rechazados y borrados en el Senado, el oficialismo y sus aliados se aprestan hoy a votar la Ley Bases, una de las herramientas de desarme del Estado, desregulación de la economía y privilegios para las grandes riquezas más voluminosas de los últimos 40 años.

A partir del mediodía, los diputados comenzarán a debatir los proyectos del paquete de iniciativas que ya tiene media sanción e incluye algunas de las siguientes ideas:

Creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que elimina las restricciones externas, favorece la entrega de las riquezas naturales del país para su explotación a bajo precio y nulas restricciones fiscales, le asesta un golpe mortal a la industria nacional, favorece la fuga de dólares, empeora el perfil exportador y convierte al país en una guarida fiscal.

Retorno de las privatizaciones de empresas estatales: AySA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), Belgrano Cargas y Logística, Yacimiento Carboníferos de Río Turbio, Enarsa e Intercargo. En el Senado se modificó el proyecto para excluir del listado de privatizables a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.

Declarar la emergencia y otorgar facultades delegadas al Poder Ejecutivo por dos años, con posibilidad de otros dos de prórroga. Básicamente le da una habilitación excepcional al Presidente para que ejerza algunas de las facultades legislativas que la Constitución le otorga solo al Poder Legislativo. Por ejemplo, Milei podrá intervenir organismos y modificar leyes impositivas sin pasar por el debate en el Congreso.

Un freno al fin de la obra pública decidida por el Gobierno. Se acordó que las obras con un grado de avance del 80 por ciento o cuenten con financiamiento internacional, deberán concluirse.

Achicamiento del Estado. Es decir, la reducción o intervención de la estructura funcional y operativa de ministerios, secretarías, direcciones, empresas públicas, organismos descentralizados y todo aquello que dependa de las cuentas públicas.

Discrecionalidad en la transferencia de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Discrecionalidad para modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.

Restricción de los derechos laborales: ampliación del período de prueba laboral, creación de un fondo de cese laboral que reemplaza las indemnizaciones, habilitación para que una persona contrate hasta cinco empleados sin que esto genere una relación de dependencia y puedan haber despidos sin indemnización. Además, da luz verde para el despido de trabajadores que realicen un bloqueo o toma de establecimientos. También descuentos de días de huelga o ceses de tareas para los estatales.

Los sindicatos y demás entidades gremiales quedan sin la facultad de descontar un porcentaje del salario de los trabajadores que no estén afiliados.

Promoción del empleo registrado que le permite a los empleadores blanquear a trabajadores que estuvieron en situación irregular. Los empresarios quedarán eximidos de juicios, multas por esa infracción, sanciones y denuncias.