El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros integrantes de esa organización social fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de administración fraudulenta de fondos del Potenciar Trabajo. El juez sostuvo que los dirigentes del Polo Obrero engañaron al Estado, presentando fracturas truchas en las rendiciones de gastos del programa Potenciar, y que utilizaron parte del dinero, destinado a crear emprendimientos o espacios comunitarios, para pagar la campaña electoral del Partido Obrero. En la misma causa judicial, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que sea llamado a declaración indagatoria el ex secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, al que acusó de haber actuado "en forma coordinada" con los dirigentes de las organizaciones sociales para desviar fondos. Desde el Polo Obrero rechazaron todas las imputaciones y afirmaron que "el juez miente".

Los procesamientos señalan hechos graves, en el sentido de que acusan a una organización que defiende los intereses de los más pobres de quedarse con parte de los recursos que les destinaba el Estado. En este sentido, el gobierno libertario se anotó una batalla ganada en su ofensiva contra los movimientos sociales, a los que quiere borrar del mapa. El efecto de deslegitimación sobre quienes se organizan será fuerte, más allá de si los procesamientos terminan o no en condenas.

En su defensa, el Polo Obrero dijo que el juez Casanello "miente", que "no quiso mostrar las pruebas a los imputados antes de indagarlos", y que reunió pruebas en un allanamiento que debe ser considerado nulo, porque la policía apagó las cámaras de seguridad cuando ingresó al local del PO. Para Belliboni, la causa judicial es un armado político. 

Las acusaciones

El juez describió en su dictamen dos tipos de conductas irregulares. Por un lado, los presuntos engaños en la presentación de rendiciones de cuentas al entonces Ministerio de Desarrollo Social.

Por otra parte procesó a integrantes de comedores del Polo (y dos mujeres del movimiento Barrios de Pie), tras considerar que exigieron a titulares del Potenciar Trabajo que concurrieran a marchas, o en otros casos que pagaran un 2 por ciento del plan, o que votaran por determinados candidatos en las elecciones del año pasado, con la amenaza de que si no lo hacían perderían el plan social.

La causa judicial fue iniciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de la primera marcha piquetera contra el gobierno, el 20 de diciembre pasado, que ayer celebró la novedad y publicó en las redes: "Gerentes de la pobreza, afuera". El expediente judicial arrancó con una serie de denuncias a la línea telefónica 134, que el ministerio habilitó convocando a que "quienes recibieran presiones para marchar" lo denunciaran de manera anónima. De cientos de llamados que llevó a la justicia, cinco denunciantes ratificaron sus dichos, declarando con identidad reservada. Luego la justicia hizo 27 allanamientos a comedores, viviendas de integrantes de organizaciones sociales y la sede del Partido Obrero, de donde se llevó las facturas señaladas como truchas que sostienen los procesamientos. 

Así, la causa abierta inicialmente por supuestos hechos de extorsión, derivó en los procesamientos por administración fraudulenta.  De las 28 personas imputadas inicialmente, 18 fueron procesadas. Belliboni también fue embargado en 390 millones.

Las acusaciones de desvíos

El Potenciar Trabajo, como programa destinado a fortalecer la economía popular, permitía que las organizaciones sociales funcionaran como Unidad de Gestión. El Estado le depositaba cada mes un salario social complementario a los titulares del programa en sus cuentas bancarias (no hay intermediación en el cobro); a su vez, podía enviar fondos a las Unidades de Gestión para que desarrollaran los emprendimientos productivos, los espacios de cuidado (comedores, guarderías) y de capacitación donde los titulares del programa debían trabajar o formarse, como contraprestación.

Como unidades de gestión, las organizaciones controlaban que las personas se presentaran a trabajar y administraban los fondos que el Estado les mandara a los emprendimientos y centros comunitarios, rindiendo luego sus gastos.

Es respecto a estas rendiciones de gastos que el juez dictó los procesamientos. En el período bajo investigación -de junio de 2020 a diciembre de 2022- el Polo Obrero y su cooperativa El Resplandor fueron Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo y recibieron 360 millones de pesos; parte de ese dinero, sostuvo el juez, habría sido desviado.

Además de a Belliboni, Casanello procesó al dirigente del Polo, Jeremías Cantero y a integrantes de la misma organización por haber firmado rendiciones de cuentas que consideró engañosas. Sostuvo que una serie de facturas emitidas por la editorial Rumbos, del Partido Obrero, contenían datos falsos. Es decir, que con ellas se simularon ventas para justificar gastos de actividades del Potenciar que nunca se hicieron.

Las facturas en cuestión fueron emitidas para la compra de resmas de papel, ropa de trabajo, el pago de fletes, impresiones a color. Al dictar los procesamientos, Casanello aseguró que la editorial Rumbos "no tenía una actividad económica real", que pertenece al Partido Obrero y que es "una caja partidaria".

Al igual que Rumbos -cuyo gerente quedó procesado -otras empresas como Coxtex SA, Urban Graphics y Ricoprint SRL, para la justicia, también habrían emitido facturas con datos falsos para las rendiciones de cuentas presentadas a la secretaría de Economía Social, dice el procesamiento. Coxtex, por ejemplo, le vendió a la Unidad de Gestión (Polo Obrero) seis notebooks, pero según la AFIP la empresa no tuvo actividad comercial real y es una firma fantasma, creada para emitir facturas apócrifas. En síntesis, consideró el juez, "se simularon gastos computables al programa estatal pero el dinero retornó" al Polo Obrero.

Este dinero, siempre según el procesamiento fue utilizado por el Partido Obrero para la campaña electoral.

Una de las argumentaciones que el juez hace en su fallo es que la editorial Rumbos emitió facturas para justificar gastos del Potenciar Trabajo (Rumbos como vendedora de productos que utilizaron los titulares del Potenciar) y, al mismo tiempo, pagó servicios de publicidad digital para la campaña electoral (Rumbos como compradora de avisos digitales para la candidatura de Solano). Por supuesto que, como el dinero es líquido y fungible, la acusación es por ahora una sospecha y habrá que ver si se prueba que dinero del Potenciar terminó efectivamente en la campaña electoral. Habrá que escuchar, sobre estos puntos, cuál es la defensa de los procesados.

El descargo del Polo

"El punto central (de los procesamiento) es cuestionar las compras que el Polo Obrero realizó a Editorial Rumbos argumentando que se trata de una empresa fantasma que actuaba como caja política del Partido Obrero. El Juez miente, porque Rumbos no es una empresa fantasma. Presentó a la Justicia un largo descargo, ha publicado decenas de libros, 1.620 números de Prensa Obrera, 62 ediciones de la revista En defensa del Marxismo, tuvo stands en ediciones de la Feria del Libro", alegó en su descargo el Polo Obrero. 

"Que una editorial tenga posiciones políticas es parte de la vida normal y habitual de las editoriales, pero cuando el Juez establece que una editorial es una "caja política" encubre un ataque velado tanto a la libertad de prensa como el régimen de partidos, porque con esos argumentos podría sostenerse que cualquier medio de difusión que levante posiciones o le dé voz a dirigentes políticos de fuerzas políticas actúa como un agente de los partidos". 

Las acusaciones de coacción y la citación a Pérsico

En relación a los cargos de coacción, el juez tomó la declaración de tres denunciantes que declararon que fueron presionados para asistir a las marchas y que el aporte de un 2 por ciento del plan Potenciar les era cobrado de manera obligatoria. Esta parte de la denuncia inicial, que tuvo mucho despliegue en la campaña mediática, terminó siendo poco sólida. 

El cobro de una cuota es un punto discutible,  ya que es una práctica histórica de los sindicatos, mutuales, clubes y prácticamente toda organización. En el mundo de los movimientos sociales hay quienes se oponen a que tenga carácter obligatorio, y hay quienes la defienden como necesaria.

El pedido del fiscal Pollicita para que el ex secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, sea indagado "por actuar en complicidad" no fue aceptado por Casanello, aunque tampoco descartado. El juez opinó que la investigación debe continuar y de acuerdo a lo que se encuentre, verá si hay elementos para citarlo.