En estos días en los que no es fácil discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es cierto y qué no, surgen los más diversos trascendidos. Esta información que sigue fue publicada por el medio tiempoar. No ha sido desmentida de manera oficial:

"Sospechan que antes del allanamiento se retiraron alimentos en camiones privados

Una versión indica que en los días previos a la medida del juez Casanello salieron vehículos del depósito de Villa Martelli con destino a Saladillo. Siguen las inconsistencias en inventarios.

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Foto: Juan Mabromata / AFP

Por Néstor Espósito | @nestoresposito

Los más de cinco millones de kilos de alimentos almacenados en dos depósitos en las provincias de Buenos Aires y Tucumán siguen sin ser repartidos. El gobierno se burla del Poder Judicial, pero lo hace con una torpeza tal que no advierte que incumplir -de una u otra manera- con la cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello y ratificada por la Cámara Federal equivale a una virtual confesión del delito que se investiga en el expediente: incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza una situación que todavía no fue comprobada, ni está en el expediente, pero circula con insistencia creciente en la periferia de la causa judicial. ¿En los días previos a los allanamientos dispuestos el sábado 1 de junio por Casanello -a instancias de la fiscal Paloma Ochoa- salieron seis camiones «privados», custodiados cada uno de ellos por dos vehículos particulares, desde el galpón de Villa Martelli con rumbo a la provincia de Buenos Aires, en dirección a Saladillo?

Las querellas, Juan Grabois y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros escucharon relatos similares. Hablan de camiones que no pertenecen a organismos oficiales, ni a empresas transportistas, sino de contrataciones informales. Fleteros independientes a los que les montaron la carga, los acompañaron hasta cercanías de Saladillo (cada camión con un automóvil por delante y otro por detrás, a modo de custodia), ordenaron a sus choferes que aguardaran 48 horas, les pagaron y les devolvieron sus vehículos vacíos.

¿Existieron esos camiones? En tal caso, ¿qué transportaban?

Voceros del gobierno se ufanan de que en los allanamientos dispuestos por Casanello no se encontraron alimentos vencidos.

Como parte de la investigación, se están analizando los ingresos y egresos al depósito de Villa Martelli. Hasta ahora se detectaron inconsistencias entre los listados de la comida almacenada que Capital Humano consignó en el expediente y el inventario confeccionado como consecuencia del allanamiento.

El canal de noticias C5N informó que faltan 157 mil kilos de comida. Según la Ley de Tránsito -2449-, los camiones semirremolques o con acoplados no pueden superar un peso total de 45 toneladas. En seis camiones cabrían hasta 270 mil kilos. Todavía no está del todo claro cuánto y qué es lo que no estaría coincidiendo entre lo declarado y lo que efectivamente está guardado.

El artículo 255 del Código Penal fija penas de entre un mes y cuatro años de cárcel para quien «sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo». Si lo hace un particular, es un delito; si lo hace un funcionario público, es un escándalo.

La cautelar que ordena repartir la comida fue dispuesta en el marco de una causa, la 357/2024, iniciada en febrero por Juan Grabois justamente porque el gobierno no abastecía a los comedores populares en los que millones de argentinos acceden a lo único que comen en el día. El Ministerio de Capital Humano, según la denuncia, incumple con un deber. Así se originó la causa en la que -se comprobó- Grabois tenía razón.

«Ante los requerimientos directos y concretos de esta Fiscalía, el Ministerio de Capital Humano de la Nación no contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. Con relación a las aseveraciones reseñadas por el Ministerio que describen las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas en el proceso de distribución de alimentos hasta el 10 de diciembre de 2023, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten», sostiene un dictamen de los fiscales Paloma Ochoa y Andrés Nazer.

El 9 de abril pasado Capital Humano presentó un escrito ante la fiscalía en el que afirmó que «no obra en el digesto normativo programa, plan o regla alguna que apruebe manuales de procedimiento u operativos que determinen mecanismos de distribución o entrega de alimentos. No hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción. Es decir que la entrega de alimentos no respondía a una lógica, sino a la demanda de los establecimientos/organizaciones y a la definición política de la autoridad».

Sin embargo, después del fallo de la Cámara que le impuso presentar en 24 horas un plan de distribución inmediata de los alimentos, Capital Humano informó que la leche en polvo iba a ser distribuida por la Fundación CONIN -del controvertido pediatra Abel Albino- al amparo del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y Emergencia Alimentaria Nacional, dispuesta por decreto y prorrogada por ley. Es decir: después de decir que no había «programa, plan o regla alguna» para la distribución de alimentos, el mismo gobierno no sólo reconoció sino que aplicó al menos dos -que sí existían, efectivamente- para distribuir la leche en polvo.

Es, casi, una confesión.

De la lectura del fallo de la Cámara Federal, especialmente el voto del juez Eduardo Farah y algunos guiños de Martín Irurzun, parecen indicar que Comodoro Py comienza a oler sangre.

Sobre las cinco toneladas de alimentos restantes, el gobierno sólo anunció que los distribuirá en «escuelas vulnerables» (no en comedores que dependen de organizaciones sociales o eclesiásticas) pero no indicó cuáles, dónde están, con qué criterios serán elegidas (aludió a una fórmula de tres factores que aún no fue creada) ni, menos aún, cuándo comenzará la repartija.

Para establecer si un funcionario público incumple con su función es necesario que haya «dolo», es decir voluntad de no hacer lo que es debido a sabiendas de ello.

El Código, por ahora, no castiga a los inútiles."

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